Colegio de Psicólogos de Río Negro
Zona Alto Valle Este · Nota de Posicionamiento Institucional
¿Necesitamos una nueva Ley de Salud Mental?
Preocupación por el proyecto impulsado por la Cámara de Diputados para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657
Como Colegio de Psicólogos del Alto Valle Este de Río Negro, expresamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto anunciado por el Ministerio de Salud en sus redes oficiales, que propone la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.
En la presente nota nos proponemos destacar algunos puntos clave de esta normativa, fundamentales para comprender el espíritu con el que fue concebida: una legislación orientada a poner fin a décadas de vulneración de derechos y abandono de las personas que atraviesan padecimientos mentales.
Ejes centrales de la Ley 26.657
- Proceso de desmanicomialización nacional y cierre de instituciones monovalentes
- Sustitución del encierro por dispositivos ambulatorios y comunitarios
- Inscripción en el paradigma de derechos humanos
- Abordaje interdisciplinario de la salud mental
- El hospital general como ámbito privilegiado para las intervenciones
- Criterio de "riesgo cierto e inminente" para internaciones involuntarias
Esta transformación no surge de manera arbitraria, sino que se sustenta en evidencia contundente. El informe del CELS de 2008, "Vidas arrasadas", puso en evidencia la realidad de las instituciones manicomiales: espacios colmados de personas que permanecían internadas durante 20 o 25 años en promedio, muchas veces sin perspectiva real de externación.
El encierro, en sí mismo, NO constituye una medida terapéutica.
La ley establece que la salud mental es un proceso multideterminado por factores sociales, culturales, históricos y psicológicos, lo que exige un abordaje interdisciplinario capaz de dar respuesta a dicha complejidad. En este marco, el rol de las y los profesionales de la psicología resulta fundamental, especialmente al momento de definir intervenciones sensibles como las internaciones voluntarias e involuntarias.
Este enfoque implica, además, una transformación del modelo tradicional de hegemonía médica, que concebía la salud mental como una competencia exclusiva de la medicina y, en particular, de la psiquiatría. La Ley Nacional de Salud Mental no prohíbe las internaciones involuntarias, sino que establece criterios claros y protecciones para evitar abusos históricos.
Finalmente, resulta imprescindible destacar que el criterio para definir una internación debe estar avalado por un equipo interdisciplinario y contar con la firma de al menos dos de sus integrantes, ya sean profesionales de la psicología o de la psiquiatría. Este encuadre se establece en contraposición a prácticas históricas donde numerosas internaciones fueron determinadas por instancias judiciales sin la debida intervención de equipos de salud mental.
Ante la pregunta sobre si es necesaria una nueva Ley de Salud Mental, consideramos que resulta inviable evaluar la eficacia de una normativa que aún no ha sido implementada en su totalidad y para la cual tampoco se ha destinado el presupuesto necesario.
Hacemos un llamado a colegas, organizaciones de usuarios y familiares, instituciones académicas y a la ciudadanía en general a informarse, debatir y pronunciarse.
La Ley 26.657 es una conquista colectiva. Defenderla es responsabilidad de todos/as.