Desde el Colegio de Psicólogos del Alto Valle Este de Río Negro expresamos nuestro profundo rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Dicha Ley fue aprobada en 2010 con amplio consenso, luego de que diversas organizaciones —y en particular el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)— advirtieran sobre la situación de las personas internadas en los manicomios del país. El informe "Vidas Arrasadas" dejó al descubierto encierros crónicos, muertes dudosas, desapariciones sin investigar, vulneración de derechos reproductivos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, la Ley 26.657 no solo actúa como elemento protectorio de las personas con padecimientos mentales, sino que propone un nuevo paradigma basado en los derechos humanos que valora el rol de los equipos interdisciplinarios, la participación de usuarios y usuarias en la toma de decisiones, y el seguimiento judicial de las internaciones. Este paradigma está alineado con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Consecuencias del proyecto de modificación
- Debilita los equipos interdisciplinarios, volviendo a centralizar el poder en la figura del médico psiquiatra y el modelo biomédico
- Reduce o elimina la participación de organizaciones de usuarios y de derechos humanos en instancias clave de protección
- Amplía los criterios de internación involuntaria con márgenes de ambigüedad que pueden restringir libertades, en contraposición a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y temporalidad vigentes
- Extiende los tiempos de notificación y seguimiento de internaciones involuntarias, reduciendo los controles de garantía
El encierro prolongado por motivos de salud mental es lesivo para la autonomía y la salud física y psíquica de las personas. La evidencia lo demuestra: NO es una medida terapéutica.
Las modificaciones propuestas retoman un modelo tutelar de control y restricción que contrasta fuertemente con el enfoque de autonomía, inclusión social y capacidad jurídica que establece la ley vigente. Resulta alarmante la propuesta de retorno a un modelo de encierro que, a lo largo de la historia, ha demostrado ser obsoleto y carente de beneficios terapéuticos.
En un contexto de ahogamiento presupuestario y recortes en salud, la plena aplicación de la Ley de Salud Mental sigue siendo una deuda pendiente. Los intentos de implementación desiguales a lo largo del país impiden hacer un análisis certero sobre qué aspectos requieren revisión. No es posible evaluar la eficacia de una normativa que nunca fue implementada en su totalidad ni contó con el financiamiento necesario.
Exigimos la plena implementación de la Ley 26.657 y la asignación del presupuesto necesario para que deje de ser un anhelo y se convierta en realidad.
Hacemos un llamado a colegas, organizaciones de usuarios y familiares, instituciones académicas y a la ciudadanía a informarse, debatir y pronunciarse contra este retroceso.
La Ley 26.657 es una conquista en derechos humanos. Defenderla es responsabilidad de todos y todas.